El presidente Gustavo Petro promulgó en Popayán la Ley 2568 de febrero de 2026, que reforma los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 y cambia de manera estructural la financiación de la educación superior pública en Colombia. La firma marca un antes y un después para universidades e instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias (ITTU), que durante más de tres décadas enfrentaron un modelo presupuestal que no respondía a sus necesidades reales.
Desde 1992, los recursos para las universidades públicas crecían cada año según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), un indicador que mide el aumento de bienes y servicios básicos, pero no los costos específicos de laboratorios, docentes, investigación o infraestructura. Mientras la matrícula aumentaba en todo el país, las instituciones acumulaban déficits estructurales porque sus ingresos no crecían al ritmo de sus verdaderos gastos.
La nueva ley corrige ese desajuste histórico y establece que el incremento de los recursos estará ligado al Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), un referente que reconoce los gastos propios del sector. Además, incorpora recursos adicionales para ampliar cobertura, cerrar brechas regionales, fortalecer la formalización laboral y mejorar la capacidad instalada. También fija una meta progresiva para que la inversión en educación superior alcance el 1 % del Producto Interno Bruto (PIB), con concepto favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
“La educación superior pública es lo que nos permite tener el cemento de la paz y una nación poderosa descubriendo nuestra propia diversidad”, afirmó el mandatario durante el acto, al insistir en que la educación es un pilar para consolidar la paz en Colombia.
La promulgación en Popayán cumple lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y recoge años de diálogo con estudiantes, docentes, rectores y congresistas. El Gobierno reconoció que este avance también responde a la insistencia del movimiento estudiantil que defendió la educación pública como un derecho.
El ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas Medellín, aseguró que con esta reforma financiera se destinan recursos históricos para fortalecer la universidad pública y evitar que jóvenes queden por fuera por falta de dinero. Señaló que el nuevo modelo prioriza la financiación directa a las instituciones públicas, en contraste con esquemas anteriores que concentraban recursos en el pago de matrículas en universidades privadas.
Entre 2023 y 2025, el Gobierno invirtió 6,8 billones de pesos en política de gratuidad, pasando de 690 mil a 930 mil estudiantes beneficiados y alcanzando el 97 % de estudiantes de pregrado en instituciones públicas con matrícula gratuita. Para 2026, 3,2 billones harán parte de la base presupuestal de funcionamiento, garantizando estabilidad en el Presupuesto General de la Nación.
La inversión total de la Nación en educación superior alcanza cerca de 15 billones de pesos, de los cuales alrededor de 13 billones se transfieren directamente a instituciones públicas. En infraestructura, se comprometieron más de 1,67 billones para 104 proyectos en todo el país, que incluyen construcción, adecuación y dotación de espacios académicos.
Además, el Gobierno avanza en la creación y acompañamiento de universidades de carácter étnico y campesino, como la Universidad del Macizo Colombiano, la Ala Kusreik Ya – Misak Universidad – y la Universidad de los Pueblos Pastos y Quillacingas, fortaleciendo un modelo intercultural que reconoce las cosmovisiones y lenguas propias.
Al cierre de 2025, 347 mil estudiantes más accedieron a la educación superior sin endeudarse, la base presupuestal de funcionamiento creció 53 % frente a 2022 y se aseguraron vigencias futuras por cerca de 6,8 billones para infraestructura hasta 2036. Con esta promulgación, el país no solo ajusta una fórmula presupuestal, sino que consolida una apuesta estructural para garantizar sostenibilidad, inclusión y fortalecimiento de la educación superior pública a largo plazo.
