Gobierno compra excedentes de papa y los convierte en alimento para 600.000 familias vulnerables
El Gobierno activa la compra pública de papa como medida para apoyar a pequeños productores y reforzar la seguridad alimentaria en zonas vulnerables.
Ante la difícil coyuntura que enfrentan los paperos del país por la sobreoferta y la caída de precios, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural activó el “Programa de Apoyo para el Manejo de Excedentes Estacionales de Pequeños Productores”, una estrategia que busca proteger los ingresos de las familias campesinas, evitar la pérdida de cosechas y fortalecer la seguridad alimentaria nacional.
Con una inversión de $14.600 millones, el programa contempla la compra directa de cerca de 8.000 toneladas de papa a pequeños productores, priorizando las zonas con mayor afectación. Las adquisiciones ya comenzaron en Cundinamarca y Boyacá, y se extenderán a Antioquia, Cauca, Nariño, Santander y Norte de Santander.
La medida responde a los compromisos adquiridos en la Mesa Nacional Papera, donde se evidenció una sobreproducción derivada de condiciones climáticas favorables y del aumento en las áreas sembradas durante 2025. Esta situación ha generado pérdidas de hasta el 68% para los productores, equivalentes a un promedio de $14.511.374 por hectárea cultivada.
El Ministerio lideró una articulación interinstitucional con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ministerio de la Igualdad, el Departamento de Prosperidad Social, el ICBF y el Ministerio de Defensa, para garantizar la distribución del tubérculo en zonas con vulnerabilidad nutricional y afectaciones por variabilidad climática.
La primera entrega se realizó en Saravena, Arauca, donde cerca de 8.000 familias recibieron una arroba de papa como parte de la estrategia de recuperación alimentaria. Se proyecta beneficiar a más de 600.000 familias en todo el país, priorizando regiones del Caribe y zonas rurales con altos índices de inseguridad alimentaria.
El programa no solo busca mitigar el impacto económico de los excedentes, sino también avanzar hacia un modelo agroalimentario más justo y sostenible, donde el Estado actúe como garante de la producción campesina y la distribución equitativa de alimentos.
Además de la compra y distribución, la estrategia incluye fortalecer las capacidades locales de almacenamiento, transformación y comercialización, con el fin de reducir la dependencia de intermediarios y ampliar los canales de venta directa.
Con esta acción, el Gobierno reafirma su compromiso con el campo colombiano, protegiendo el trabajo de quienes garantizan la alimentación de millones de hogares y promoviendo un sistema agroalimentario más resiliente, equitativo y solidario.
