Gobierno afirma que “todas” las empresas de generación eléctrica públicas aceptarán nueva fórmula tarifaria
Petro busca reducir estructuralmente las tarifas de generación; sin embargo, gremios del sector expresan preocupación por posible inestabilidad en el sistema eléctrico.
El presidente Gustavo Petro anunció que todas las empresas públicas de generación eléctrica aceptarán la nueva fórmula tarifaria que empezará a regir en 2027, con el fin de reducir de manera estructural las tarifas de generación. El mandatario sostuvo que la medida responde al mandato constitucional de que las tarifas deben estar referidas a los costos reales de generación y que la actual fórmula favorecía a segmentos con menores costos en detrimento de los usuarios comunes.
La propuesta se fundamenta en la idea de que el esquema tarifario vigente crea subsidios cruzados que benefician a empresas con tecnologías más eficientes (como la hidroeléctrica) mientras castiga a las regiones con mayores costos de generación. El Gobierno argumenta que esta inequidad se ha traducido en tarifas más altas para consumidores residenciales en zonas de difícil acceso o con mayor dependencia de generación térmica.
El Proyecto de Ley 432 de 2025, que está en trámite en el Congreso de la República, busca modificar la estructura tarifaria para que las tarifas de generación de energía respondan más directamente a los costos reales. La iniciativa pone especial énfasis en las empresas públicas del sector, las cuales el Gobierno considera que deben liderar esta transformación como ejemplo de compromiso con la reducción de costos para los usuarios finales.
Según la propuesta, la nueva fórmula tarifaria establecería un sistema donde cada tecnología de generación asuma sus costos reales, eliminando los subsidios cruzados que históricamente han beneficiado a las grandes centrales hidroeléctricas del país.
Sin embargo, diversos gremios del sector energético han expresado su preocupación. Argumentan que la iniciativa podría no conducir a una reducción real en las tarifas y que, por el contrario, podría generar inestabilidad en el sistema eléctrico al cambiar las reglas de juego sin los estudios técnicos necesarios.
Entre las preocupaciones principales está que un cambio abrupto en la estructura tarifaria podría afectar la viabilidad financiera de empresas generadoras de energía térmica o renovable, desestimulando la inversión en nuevas plantas de generación cuando el país requiere diversificar sus fuentes de energía para garantizar la confiabilidad del sistema.
La decisión y su implementación —a partir de 2027— serán claves para definir la evolución del costo de la energía en Colombia, especialmente para los hogares y las regiones con tarifas altas. El Gobierno sostiene que esta medida beneficiará principalmente a zonas no interconectadas y a departamentos como La Guajira, Chocó y Amazonas, donde actualmente se registran las tarifas más elevadas del país.
La implementación de la nueva fórmula tarifaria se espera que genere un debate técnico y político intenso en los próximos meses, mientras el Congreso examina la viabilidad de la propuesta y sus implicaciones para la sostenibilidad del sector eléctrico nacional.
