La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación preliminar contra el representante a la Cámara David Racero, del partido Pacto Histórico, debido a denuncias por presuntas irregularidades en la contratación de personal en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
De acuerdo con las quejas recibidas por el órgano de control, Racero habría influido en la asignación de cargos y nombramientos dentro del SENA, lo que podría violar los principios de transparencia, mérito e imparcialidad que deben regir en el manejo del recurso humano de las entidades públicas.
Junto a esta actuación, la Procuraduría también abrió una indagación al director general del SENA, Jorge Londoño, para determinar si desde la dirección se permitió o facilitó dicha intervención política, generando un posible uso indebido del aparato estatal para beneficiar intereses particulares o alianzas partidistas.
Según versiones conocidas, algunos de los nombramientos en entredicho habrían sido realizados sin los debidos procesos de selección ni evaluación, y presuntamente a solicitud directa o indirecta de Racero. Este tipo de prácticas, de comprobarse, podrían acarrear sanciones disciplinarias y eventuales consecuencias legales.
Además, la Procuraduría solicitó a las autoridades competentes que se remita la documentación necesaria sobre los procedimientos de contratación en los que se presume ocurrió la intervención. La investigación busca establecer si se configura una falta disciplinaria grave por tráfico de influencias o abuso de poder.
El caso ha generado fuerte repercusión en la opinión pública, ya que Racero, quien fue presidente de la Cámara, ha mantenido un discurso en favor de la transparencia, la lucha contra la corrupción y el buen uso de lo público. Esta situación pone en entredicho esa postura, mientras se define el rumbo del proceso disciplinario.
