Restitución de tierras avanza en Cauca con más de 905 mil hectáreas inscritas para reparación a víctimas
La Unidad de Restitución de Tierras reportó avances históricos en procesos de restitución y reparación integral en territorios afectados por el conflicto armado.
El balance presentado por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), a través de su Dirección Territorial Cauca y Huila, evidencia resultados significativos en los procesos de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, gracias al fortalecimiento institucional que ha permitido llegar a territorios históricamente apartados y afectados por la violencia.
Desde junio de 2011 hasta el cierre de 2025, solo en el departamento del Cauca alrededor de 905.890 hectáreas han sido inscritas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), lo que refleja la magnitud del despojo sufrido por miles de familias en esta región del país.
Según la entidad, uno de los principales avances durante el gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido revertir la tendencia a la negación de solicitudes de restitución presentadas por las víctimas. De las 1.655 decisiones de fondo adoptadas por el equipo jurídico, el 57 % terminó en inscripción, lo que permitió que más solicitantes avanzaran en su proceso.
En el enfoque colectivo también se reportan avances importantes. La entidad adoptó la caracterización de 26 territorios colectivos, equivalentes a 415.593 hectáreas, lo que representa el 46 % de la tierra inscrita en los últimos 15 años dentro de este proceso.
Durante el actual Gobierno, y bajo el acompañamiento de la Dirección Territorial Cauca, se han emitido 12 fallos de restitución con enfoque étnico, que han permitido la restitución de 274,12 hectáreas, equivalente al 77 % de lo alcanzado durante toda la vigencia de la Ley 1448 de 2011.
Estos resultados han beneficiado a siete consejos comunitarios y cinco resguardos indígenas, uno de ellos ubicado en el departamento del Huila, favoreciendo aproximadamente a 16.928 personas y fortaleciendo la garantía de sus derechos territoriales.
La Dirección Territorial Cauca también ha radicado 52 demandas colectivas para reclamar 891.692 hectáreas, de las cuales 38 demandas (73 %) fueron presentadas durante la actual administración, en reclamación de 452.794 hectáreas.
Además, el trabajo articulado con el Consejo Superior de la Judicatura permitió la apertura de dos nuevos juzgados especializados en restitución de tierras, lo que eleva a tres los juzgados en Popayán y uno en Neiva, fortaleciendo la capacidad judicial para atender estos procesos.
En la ruta individual, el equipo de profesionales de la URT ha logrado intervenir 3.869 hectáreas correspondientes a 671 casos actualmente en demanda, gracias a la implementación del Modelo 8 de Seguridad Humana, impulsado por Giovani Yule, director general de la entidad.
Este modelo busca articular el trabajo de guardias indígenas, campesinas y cimarronas para facilitar el ingreso de los funcionarios a los territorios, evitando un enfoque exclusivamente militar en zonas con condiciones complejas de seguridad.
Uno de los casos destacados es el municipio de Cajibío, donde la implementación del modelo ha permitido 124 casos en demanda y 119 sentencias en 50 veredas, que actualmente avanzan en la etapa de cumplimiento de órdenes judiciales.
La URT también avanza en la gestión de tres procesos de restitución con reconocimiento del campesinado como sujeto colectivo en el departamento del Cauca: en la vereda La Florida, en Cajibío; en el proceso del CIMA, en Mercaderes; y en Cerro Calandaima, en Miranda.
En materia de retorno digno y sostenibilidad económica, la actual administración ha ejecutado el 51 % de los proyectos productivos implementados durante toda la vigencia de la Ley 1448, con una inversión total de $5.857.968.499, destinados a fortalecer los procesos de restitución ordenados por la justicia.
De ese total, $336.149.000 corresponden a proyectos productivos de tipo urbano, modalidad impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro, que busca ampliar las oportunidades de reparación y sostenibilidad para las víctimas.
Según la entidad, estos avances han sido posibles gracias al liderazgo institucional y al trabajo coordinado con comunidades y entidades del Estado, con el objetivo de garantizar una reparación integral, digna y efectiva para las víctimas del conflicto armado en Colombia.
