El Consejo de Estado admitió una acción de tutela interpuesta por comunidades del sur del Atlántico y norte de Bolívar contra el presidente Gustavo Petro, varios de sus ministros y la concesionaria Sacyr, por la crisis ambiental que atraviesa el Canal del Dique.
La demanda, presentada por los ciudadanos Uriel Ávila, Margarita Vargas De la Rosa y Félix Peluffo Escobar, exige que el Gobierno y las entidades competentes actúen con urgencia para mitigar los riesgos que hoy amenazan a la población y sus territorios.
Aunque la tutela fue aceptada, el alto tribunal no decretó medidas cautelares, por lo que las comunidades deberán esperar un pronunciamiento de fondo.
Los accionantes señalan que se han vulnerado derechos fundamentales como la vida, la igualdad, la seguridad personal y el derecho de petición. En palabras de Ávila, “los anuncios de limpieza de canales por parte de la Gobernación son falsos; ni siquiera se ha intervenido la mitad de lo que han dicho en medios”.
La comunidad reclama que, a pesar de estudios técnicos solicitados y de múltiples llamados, ninguna obra de fondo ha comenzado en el Canal del Dique. Ahora, será el Consejo de Estado el que decida si les concede la razón.
