Ministerio de Trabajo investiga a D1 por denuncias de sobreexplotación y riesgos laborales
La cadena de tiendas enfrenta cuestionamientos por presuntas jornadas abusivas, acoso sindical y condiciones inseguras en puntos de venta. Una sede fue cerrada en Bogotá por representar riesgo para la salud.
El Ministerio de Trabajo abrió una investigación contra Tiendas D1 tras recibir múltiples denuncias sindicales por presuntas irregularidades laborales. Las acusaciones incluyen jornadas excesivas, sobrecarga de funciones, amenazas a dirigentes sindicales y falta de protocolos de seguridad en los puntos de venta. La situación salió a la luz luego del cierre temporal de una tienda en Bogotá, el pasado mes de junio, debido a riesgos físicos y biológicos que podrían afectar gravemente la salud de los empleados.
El sindicato Sintra-D1 ha liderado las denuncias desde finales de mayo. A través de redes sociales, señaló que “la compañía amenaza a dirigentes sindicales por denunciar acoso, persecución y sobreexplotación”. Como prueba, publicaron una carta firmada por el director jurídico de D1, quien advierte con tomar acciones legales si el sindicato divulga información “confidencial, falsa o difamatoria”.
Una fuente sindical, citada por Semana y que pidió reserva de su identidad, afirmó que “la desconexión laboral no existe”. Según su testimonio, empleados reciben mensajes fuera del horario para cubrir turnos o participar en actividades no estipuladas en sus contratos.
Los trabajadores también denuncian que un solo empleado debe asumir múltiples roles: cajero, bodeguero, impulsador y vigilante, todo sin compensación de horas extra. A esto se suma la obligación de asumir pérdidas por productos vencidos o robos, pese a que, según los denunciantes, la compañía no cuenta con vigilancia en sus puntos de venta.
Incluso se reportó el caso de un empleado que habría muerto durante un intento de hurto armado, lo que, según el sindicato, evidencia la desprotección y vulnerabilidad del personal.
“En buena hora el Ministerio está metiendo las narices en el asunto”, dijeron representantes sindicales tras conocer el avance del proceso.
El Ministerio de Trabajo confirmó que la investigación sigue su curso y que pronto presentará los hallazgos oficiales. Mientras tanto, la compañía se abstuvo de hacer comentarios, pero afirmó que “cumple con toda la normatividad legal laboral para sus más de 24.600 empleados directos”.
El caso sigue en desarrollo y podría marcar un precedente importante sobre las condiciones laborales en el sector de comercio al por menor en Colombia.
