Crisis en el Ministerio de la Igualdad: denuncias por maltrato y discriminación golpean a la viceministra Tamara Ospina
La cartera, liderada por la vicepresidenta Francia Márquez, enfrenta una de sus mayores turbulencias: acusaciones internas, renuncias no formalizadas y cuestionamientos sobre su estabilidad administrativa.

El Ministerio de la Igualdad atraviesa una crisis institucional tras conocerse graves denuncias por presunto acoso laboral, discriminación y abuso de poder contra la viceministra de las Mujeres, Tamara Ospina Posse. Las quejas, radicadas entre abril y mayo ante el despacho del Ministro, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, describen un ambiente laboral “insostenible”, caracterizado por maltratos, persecución política y violencia de género.
Los informes revelan que al menos catorce exfuncionarios y contratistas respaldarían los testimonios que acusan a Ospina de ejercer liderazgo mediante “actitudes agresivas y carencia de experiencia en la función pública”. Una de las denunciantes afirmó: “He callado, soportado por meses abusos, maltratos, violencias, discriminaciones, injurias y calumnias”.
La crisis no solo se centra en Ospina. En lo que va del año, el Ministerio ha experimentado tres cambios en su dirección ejecutiva de presupuesto, generando alertas sobre la fragilidad administrativa de una cartera clave del gobierno Petro, cuya creación fue uno de los pilares programáticos en 2022.
A esto se suma la incertidumbre jurídica: la Corte Constitucional ordenó que el acto legislativo que dio vida al Ministerio de la Igualdad regrese al Congreso, en medio de un escenario político adverso para el Ejecutivo.
Renuncia sin firma presidencial
El 3 de junio, Ospina presentó su renuncia voluntaria, pero esta aún no se ha oficializado, pues requiere la firma del presidente Gustavo Petro. Al ser consultada por El Espectador, la funcionaria aseguró que enfrenta “injurias” y “calumnias” en un contexto político adverso, y denunció que no ha sido notificada de manera formal por ninguna entidad investigadora.
“En la entidad no se están respetando mis derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso”, indicó.
Procuraduría y Defensoría evalúan el caso
La Procuraduría, bajo el liderazgo de Gregorio Eljach, confirmó estar evaluando una queja disciplinaria, gestionada por el delegado para la vigilancia administrativa. La Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín, también indicó que ha brindado acompañamiento a las víctimas y solicitado respuestas al Ministerio, sin recibir respuesta hasta el 20 de mayo.
Pese a que la Oficina de Control Disciplinario Interno aseguró no tener acciones abiertas contra la viceministra, la controversia sigue creciendo, dejando al descubierto profundas fracturas internas en el Ministerio de la Igualdad, una entidad que, irónicamente, fue concebida para combatir la discriminación y promover la equidad.
El futuro de la cartera —y de sus funcionarios— ahora depende de decisiones jurídicas, políticas y presidenciales que marcarán el rumbo de una institución bajo el escrutinio público.




