Petro condena asesinato de ocho líderes sociales y religiosos hallados en fosa común en Guaviare
El crimen, atribuido a disidencias de las Farc, fue calificado por el mandatario como un “hecho atroz” que atenta contra la vida, la fe y la paz en regiones golpeadas por la violencia.
El presidente Gustavo Petro condenó con firmeza el asesinato de ocho líderes sociales y religiosos, cuyos cuerpos fueron hallados en una fosa común en zona rural del municipio de Calamar, Guaviare, en medio de una operación conjunta entre la Fiscalía y el Ejército Nacional.
“Expreso mi más profundo rechazo ante el atroz hallazgo (…) Todo indica que fueron secuestrados y asesinados en medio de disputas territoriales por parte de grupos armados ilegales”, escribió el mandatario en su cuenta oficial en X.
Secuestro y asesinato sistemático
Las víctimas, identificadas como Jesús y Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri y Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza, desaparecieron desde abril de 2025, tras haber sido citadas por el frente primero ‘Armando Ríos’, una estructura disidente de las Farc.
La Fiscalía General de la Nación reveló que los ocho líderes fueron llevados a una vereda conocida como Puerto Nuevo, en donde fueron interrogados, separados por género y conducidos a un predio abandonado, del que nunca regresaron. El hallazgo de sus cuerpos fue posible gracias a mecanismos de búsqueda urgente activados en abril, tras las denuncias de sus familiares.
Investigación apunta a disidencias cercanas a alias ‘Iván Mordisco’
Las autoridades señalaron que la orden para citar a las víctimas provino de integrantes cercanos a Néstor Gregorio Vera, alias “Iván Mordisco”, y tendría como fin impedir el surgimiento de una célula del ELN en la zona. Las diligencias judiciales indican que el grupo armado buscaba determinar si existían planes para instalar otra organización ilegal en ese territorio amazónico.
Durante el operativo de recuperación, la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 11 del Ejército y equipos del CTI accedieron a una fosa común, donde fueron encontrados los cuerpos de las víctimas, concluyendo una exhaustiva búsqueda de dos meses. Tras la identificación de los restos, las autoridades organizaron una reunión virtual con los familiares para informar sobre los avances del caso.
El Estado debe garantizar la vida y la fe
El presidente Petro calificó el hecho como “una grave afrenta al derecho a la vida, la libertad religiosa y el trabajo comunitario”, y reiteró su solidaridad con las familias y comunidades de fe afectadas.
“Es deber del Estado garantizar su seguridad y asegurar que estos crímenes no se repitan ni queden impunes”, subrayó.
Finalmente, el mandatario reafirmó su compromiso con la defensa de la vida digna, la libertad de cultos y la paz, e hizo un llamado a redoblar esfuerzos institucionales para proteger a quienes lideran desde la fe, el servicio y la reconciliación en regiones históricamente olvidadas.
