Caso UNGRD: Fiscalía imputará cargos al exministro Ricardo Bonilla por tráfico de influencias
La Fiscalía lo acusa de intervenir irregularmente en contratos por más de 92 mil millones de pesos para beneficiar a congresistas.

La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, Bonilla habría ordenado a su entonces asesora, María Alejandra Benavides, intervenir en la asignación de tres contratos por más de 92.000 millones de pesos en los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar). El objetivo de estas gestiones sería garantizar apoyos políticos en el Congreso para la aprobación de operaciones de crédito internacional.
La Fiscalía imputará a Bonilla por los delitos de tráfico de influencias de servidor público e interés indebido en la celebración de contratos, luego de que Benavides revelara que recibió instrucciones directas del exministro para favorecer a congresistas a través de los recursos del Fondo de Inversión Regional.
Este nuevo capítulo del caso UNGRD profundiza la crisis política que sacude al Gobierno Nacional, ya que varios congresistas y exfuncionarios siguen bajo investigación por su presunta participación en esta red de corrupción con fines clientelistas.
De acuerdo con la investigación, las intervenciones del exministro habrían tenido como propósito asegurar la aprobación de operaciones de crédito por parte del Congreso, a través de la entrega de contratos a alcaldías señaladas por su cercanía con ciertos parlamentarios. Este hecho ha generado preocupación por el uso indebido de recursos públicos destinados a la atención de emergencias y el desarrollo regional.
Por su parte, Ricardo Bonilla ha negado cualquier responsabilidad en los hechos, asegurando que no dio órdenes directas para beneficiar a congresistas. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que las declaraciones juradas de su exasesora, junto con documentos y registros de comunicaciones, sustentan la solicitud de imputación de cargos, que se realizará ante la Corte Suprema de Justicia, dado su fuero como exfuncionario de alto nivel.




