“8 millones de habitantes del Caribe podrían sufrir apagones”

La Contraloría General de la República emitió una alerta sobre un posible riesgo de racionamiento y cese en la prestación del servicio de energía eléctrica en diversas regiones del país, debido a un retraso en el pago de subsidios por parte del Ministerio de Minas y Energía. Este problema podría afectar a empresas prestadoras del servicio en la Costa Caribe, Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada), dejando a más de 10 millones de personas sin acceso a electricidad.

El informe del ente de control establece que existe un retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público de energía por parte del Ministerio de Minas y Energía, previa asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Contraloría advierte que esta situación puede derivar en el inminente riesgo de racionamiento y hasta la cesación en la prestación del servicio de energía.

Según Norman Alarcón Rodas, coordinador en la región Caribe de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos, el Gobierno adeuda aproximadamente $1,3 billones de pesos por concepto de subsidios del servicio eléctrico, y se estima que para el próximo año faltan $700.000 millones adicionales, sumando un total de dos billones de pesos. Además, destacó que el 80% de los hogares en la Costa Caribe reciben subsidios por pertenecer a los estratos 1, 2 y 3, lo que representa a unos 8,64 millones de habitantes.

Opción tarifaria y otras deudas pendientes

La situación se agrava con el incumplimiento de otras obligaciones, como los reembolsos por la opción tarifaria, una medida que congeló las tarifas durante la pandemia para aliviar el gasto de los hogares. La Contraloría también señala que la falta de decisión del Gobierno nacional sobre el reembolso a los prestadores del servicio de los recursos no recaudados podría limitar el suministro del servicio por parte de los generadores a estas empresas, especialmente en la Costa Caribe.

Según cifras de la Liga de Usuarios, Afinia tiene pendientes $1,7 billones por la opción tarifaria, mientras que Air-e está cobrando $850.000 millones que ha facturado aceleradamente desde principios de este año, habiendo recaudado ya $715.000 millones.

A pesar de que el Gobierno nacional se comprometió a pagar la opción tarifaria en una visita del presidente Gustavo Petro el pasado 7 de mayo, este compromiso aún no se ha cumplido, argumentando que solo es para los estratos 1, 2 y 3 y que se requiere un proyecto de ley en el Congreso para asumir esas deudas.