Legalizan captura del menor señalado de atentar contra Miguel Uribe: se enfrentaría a una pena de 8 años
El joven fue presentado ante un juez de garantías, quien avaló su aprehensión. La Fiscalía solicitará medida de internamiento preventivo.
El menor de edad señalado de disparar contra el senador Miguel Uribe Turbay fue presentado ante un juez de control de garantías, quien legalizó su captura. El hecho ocurrió el pasado sábado 7 de junio durante un evento político en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón (Bogotá), cuando el adolescente de 15 años atacó al congresista con un arma de fuego tipo Glock, hiriéndolo en la cabeza y el muslo.
Uribe Turbay fue trasladado de urgencia a la Fundación Santa Fe, donde se le practicó una cirugía neuroquirúrgica. Desde entonces, permanece bajo observación en la Unidad de Cuidados Intensivos, en estado crítico y con pronóstico reservado, según el último parte médico.
El joven agresor fue capturado minutos después del atentado por miembros de la Policía y del esquema de seguridad de Uribe, tras recibir un disparo en una pierna durante el procedimiento. En la audiencia judicial, la Fiscalía imputó cargos por tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, delitos por los cuales el menor podría enfrentar una pena de hasta 8 años de privación de libertad, conforme al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) activó de inmediato las rutas de protección para garantizar el restablecimiento de derechos del joven, quien confesó que lo hizo “por plata, por su familia”. La directora del ICBF, Astrid Cáceres, pidió rodearlo institucionalmente, señalando que “la respuesta debe ser integral y no solo punitiva”.
El atentado ha generado un fuerte rechazo desde diferentes sectores políticos, tanto oficialistas como de oposición. El presidente Gustavo Petro calificó el hecho como “grave” y pidió frenar el clima de odio político en el país, mientras que varios precandidatos a la Presidencia exigieron mayores garantías de seguridad para todos los participantes en la contienda electoral.
