La Unidad de Restitución de Tierras (URT) expresó su profunda preocupación frente al reciente fallo del Consejo de Estado, mediante el cual se anuló el Decreto 1500 de 2018, norma que reconocía la Línea Negra como delimitación espiritual y cultural del territorio ancestral de los pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta.
La entidad recordó que la Línea Negra constituye un referente fundamental para la protección de los derechos territoriales, culturales y espirituales de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo. Según indicó, su reconocimiento jurídico ha sido el resultado de procesos históricos de concertación, decisiones judiciales y del mandato constitucional de proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación.
La URT advirtió que la anulación del instrumento genera un escenario de incertidumbre frente a la protección integral de las comunidades indígenas y frente al ejercicio efectivo de la autonomía de sus autoridades, reconocidas constitucionalmente como guardianes ambientales y culturales en sus territorios.
Asimismo, reiteró que la garantía del derecho al territorio es un pilar esencial para la reparación integral de los pueblos indígenas víctimas del conflicto armado, así como para la consolidación de la paz y la sostenibilidad ambiental. La entidad subrayó que su protección no solo responde a un mandato constitucional e internacional, sino que constituye una condición necesaria para la pervivencia física y cultural de las comunidades originarias.
Finalmente, la Unidad hizo un llamado respetuoso a las instituciones del Estado para que, en el marco de sus competencias, adopten las medidas necesarias que aseguren la protección efectiva de los derechos territoriales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y fortalezcan el diálogo institucional con sus autoridades legítimas. La defensa del territorio ancestral, concluyó, es también la defensa de la vida, del equilibrio ambiental y del futuro en común.
